La República del Paraguay, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), está siendo evaluada en el marco de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.

La Subsecretaría de Estado de Tributación en su carácter de miembro del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT y como órgano de aplicación y administración de todas las disposiciones legales referentes a tributos fiscales, su percepción y fiscalización se encuentra comprometido por esta causa nacional en el cumplimiento de las acciones del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha con el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, elaborado en observancia de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en el marco del trabajo coordinado y el aporte de todas las instituciones que integran el Sistema ALA/CFT del país.

La SET tiene como propósito institucional “Ser una institución estratégica que genera confianza, promoviendo conciencia y cultura tributaria”. Para el logro del mismo cuenta con tres “Objetivos Estratégicos”, cuales son: facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, mejorar la credibilidad y legitimidad institucional mediante la comunicación proactiva y promover el desarrollo, las competencias y bienestar del capital humano de la SET.

En este marco, y en línea con el Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda, así como el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, la SET en el año 2020 se enfocó, entre otros puntos en: combatir la evasión tributaria apoyados en el fortalecimiento de los controles tributarios impulsados por la SET y mediante el trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio Público y la Unidad Interinstitucional de prevención, combate y represión del Contrabando (UIC), para la realización de operativos de control en distintos puntos del país.

Es importante resaltar que actualmente, y desde la promulgación de la Ley N° 6452/2019, la evasión fiscal constituye delito precedente de lavado de activos, por lo que la Administración Tributaria centró sus esfuerzos en sus planes de control, la mejora en los servicios al contribuyente y facilidades dispuestas a éstos; así como una fuerte inversión en el ámbito tecnológico.